Descentralización política o desconcentración operativa

Antes de avanzar, se nos hace necesario plantear un mínimo panorama conceptual respecto a varios conceptos que no permitirán ir definiendo una estrategia para cumplir las “promesas” del presente ensayo. Partamos por descentralización.
Según Palma[i] la descentralización se entiende como el traspaso de funciones, competencias y recursos desde un aparato de decisión y administración nacional a otros, de nivel subnacional, que poseen una base territorial determinada y que gozan de cierta autonomía para decidir sobre su propia gestión.
“Los órganos que impulsan la descentralización prometen que se va a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la entrega de los servicios ya que, por una parte, estos podrán ser más adecuados a la diversidad propia de cada localidad y, por otra, se habría recortado los pasos burocráticos entre la emergencia de la necesidad y la respuesta Estatal a ésta”.[ii]
En el marco de los procesos de modernización estatal tras el retorno de la “democracia” en América latina, según Palma[iii] existiría una especie de optimismo frente a los procesos de descentralización y para ello recurre Boisier y Borja. El primero plantea que “se requiere una diferente distribución del poder político en la sociedad, una suerte de nuevo contrato social entre el estado y la sociedad civil. A este nuevo contrato social se llegaría por medio de la descentralización político territorial”. Por su parte Borja considera a la descentralización “como un medio adecuado para promover la socialización política de las clases populares y el desarrollo de las libertades individuales, así como las transformaciones socio-económicas de tendencia igualitaria”.
Concordamos con Palma que indica que la asociación mecánica entre descentralización y efectos democratizadores sería un tanto ingenua, ya que la participación no se construye por decreto, es decir difícilmente se podrá profundizar la democracia a través de instancias administrativas. No olvidemos tampoco que las “tecnologías”[iv] no son neutras y si entendemos los procesos de descentralización como técnicas para optimizar la gestión estatal en los territorios, nos daríamos cuenta que se hace necesario realizar ciertas definiciones conceptuales
Porque una cosa es la descentralización política y otra la administrativa y como bien apunta Finot[v] que “en ambos existirían transferencias de decisiones sobre asignaciones en la primera, de decisiones sobre provisión, desde procesos políticos nacionales hacia procesos democráticos locales, y en la segunda sobre producción: desde procesos políticos hacia procesos de mercado”.
Finot indica que existirían de manera conceptual los siguientes tipos de descentralización[vi]:
Descentralización Política: transferencia de competencias de decisión para la provisión de bienes públicos desde gobiernos centrales a procesos políticos subnacionales. La transferencia de competencias podría dirigirse tanto a organizaciones del Estado como a organizaciones sociales que también realizan funciones de provisión.
Descentralización Operativa: transferencia de competencias de operación de decisiones sobre provisión a administraciones territoriales, o a administraciones funcionales del mismo nivel. La delegación sería una forma de descentralización operativa territorial.
Descentralización Económica: transferencia de procesos productivos referidos a la provisión de bienes públicos, a la competencia económica.
Ahora bien, creemos que en el caso chileno, durante los últimos 35 años, se han dado procesos de descentralización operativa y económica a nivel estatal. Alguien podrá decir que el proceso de municipalización de Salud, Educación y de la administración de algunas políticas sociales a nivel local dieron pie a una especie de descentralización, pero creemos que más que nada han significado procesos de desconcentración de responsabilidades estatales hacia el subsistema nacional municipal.
Este proceso iría de la mano con la privatización de las empresas estatales que según Edgardo Condeza -a inicios del 2000- de las 660 empresas de estas características quedan sólo 33 en manos del Estado y muchas de ellas con participación de privados en el control y administración. Podríamos decir también se han abierto -en lo que llevamos en la presente década- el área de infraestructura y carreteras mediante el sistema de concesiones asegurando de paso el libre tránsito de las mercancías, se han profundizado la lógica mercantil en el acceso gratuito y control de los recursos naturales por parte de los grupos económicos tanto nacionales como transnacionales.[vii]
Como vemos finalmente los procesos de descentralización operativa y económica inciden en los territorios, provocando un reordenamiento de la actividad productivas y económicas, de las relaciones sociales y haciendo caso omiso de los proyectos (consensuados, comunes o impuestos) de “desarrollo” que puedan tener los espacios locales. Como vemos la descentralización política, desde nuestra perspectiva, ha brillado por su ausencia, haciendo solo “saludos a la bandera” al momento de considerar la participación de los actores en la concertación de un proyecto en común, que de una u otra manera es desconocido al momento en que la esfera económica transnacional y el proyecto nacional de desarrollo, se impone verticalmente en los territorios.
[i] Palma, Diego. Experiencias innovativas en gestión local (informe de investigación). Colección documentos / Serie investigación social. Diciembre 2000. Págs.12,13 y 14.
[ii] Idem
[iii] Palma, Diego. Descentralización, el Modelo de Desarrollo y la Cultura Política en Chile. Centro de investigaciones sociales. Universidad Arcis. Documento Nº10. Págs. 7 y 8.
[iv] Hacemos refrencia con esta frase a que detrás de cada tecnología, hay un lógica y una forma particular política e ideológica de ver y comprender el mundo.
[v] Finot, Iván. Descentralización en América Latina: Teoría y práctica. Serie Gestión Pública Nº12. ILPES-CEPAL. Diciembre de 2001. Pág. 40 y 41.
[vi] Op.cit. Pág.41
[vii] Casos paradigmáticos son la privatización de áreas estratégicas como las Sanitarias (Essbío, Essal y Emos) (a grupos españoles e ingleses), así como el sistema eléctrico a nivel nacional y la implementación de megaproyectos hidroeléctricos como Ralco y Pangue en el sur de Chile. Actualmente existe una fuerte presión en los territorios de la Décima y Undécima región (Neltume, Liquiñe y Aysen) , para implementar proyectos hidroeléctricos por parte de trasnacionales españolas y noruegas.