Cuando la Gobernabilidad en el espacio local es sinónimo de Control y no de Legitimidad

En la administración del Gobierno Municipal, si bien el PLADECO, en una de sus etapas de diagnóstico considera la participación de la comunidad en la exposición y planteamiento de sus problemas y necesidades sentidas; el diseño, desarrollo y ejecución de los planes depende de los técnicos y planificadores municipales, que a través de su gestión tratan de conectar estas demandas mediante proyectos a fondos sectoriales regionales y la ejecución local de programas de políticas sociales. Nos encontramos por lo tanto con la verticalidad estatal y su origen político desde el poder central del gobierno, que genera gobernabilidad y estabilidad sistémica, pero no necesariamente legitimidad.
Para Gabriel Salazar la gobernabilidad “ es una tarea estatal, que se define por la necesidad sistémica de mantener la sociedad civil disciplinada y sujeta bajo un “estado de derecho”. Y es, sobre todo, tarea para el gobierno de turno. O para la coalición con mayoría electoral relativa. Es un concepto político, no social, ni ciudadano. Por esto el arte político de construir gobernabilidad es hermano del arte ingenieril de proyectar legitimización. Y nieto del arte factual( o marcial) de construir Estado con presidencia de la participación civil”[i]
Este mismo autor parafraseando a Samuel Huntington plantea que la poca participación garantiza gobernabilidad; mucha, no.
“La gobernabilidad (...) es una función y a la vez una obligación política del Gobierno, pero es también algo de máximo interés para los poderes del mercado. En consecuencia, todo gobierno, y en especial aquel que tiene baja legitimidad, necesita manejar políticas de participación con prudencia, e incluso con mezquindad”[ii].
Por otro lado estos modelos de planificación en el espacio local tiendan a regirse principalmente por criterios económicos de eficacia y costo beneficio
Según Salazar, citando a Martín Lipset, plantea que la eficacia “significa el grado en el que el sistema satisface las funciones básicas de gobierno tales como considera la mayoría de la población... la legitimidad ( en cambio) implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas par la sociedad.[iii]”
Según Salazar[iv] la estabilidad, pues, es una cualidad de pertenencia sistémica y la legitimidad (que no es una mera cualidad subjetiva, sino el derecho y el poder de la soberanía) una decisión ciudadana. Decisión ciudadana que queda coartada, limitada por el entramado estructural. Democracia protegida y blindada de la capacidad de hacer historia por parte de los actores sociales y de aquellos sujetos políticos que plantean la transformación de esta sociedad.
De ahí que a la luz de estos autores, podamos argumentar que la utilización de modelos de planificación globales tanto con énfasis en lo institucional y sectorial para el desarrollo de políticas sociales en el espacio local tiendan más que nada al ejercicio de generar estabilidad sistémica. Léase también entre líneas reproducción y contención, en cuanto que satisfaciendo “precariamente” las necesidades de la población se contiene el desarrollo y articulación de las demandas más estructurales, generando las condiciones objetivas y subjetivas para que se continúe profundizando y reproduciendo el patrón de acumulación local sin contratiempo.
Podemos concluir que tanto los modelos globales como sectoriales están enmarcados en la lógica de la gobernabilidad, el global en función de mejorar la eficiencia a través del cambio institucional mediante una mirada a largo plazo y, por su parte, el sectorial, en función de prever crisis que afecten la eficiencia de la gestión local en cada una de las áreas.
Pero, pues siempre hay “peros”, no se logra tener en cuenta el contexto social y la participación sustantiva de los actores sociales como condición prioritaria para el desarrollo de los procesos de planificación local, ya que estos procesos se encuentran presionados por los recursos de capital, humanos y materiales que se pueden obtener financiamiento desde el gobierno central y regional, ya que los recursos locales o bien no existen o no son capaces de responder a las demandas.
Podemos agregar que los énfasis dados por estos modelos tanto de carácter institucional como sectorial, impiden sacar el velo a las potencialidades humanas y de recursos de los territorios. La mirada macro y “parcializada” de estos modelos no es capaz de identificar territorios, ni tampoco caracterizar y comprender a los seres humanos que viven en ellos.
Como vemos la lógica vertical del Estado y sus lógicas de financiamiento (costo- beneficio) coartan el desarrollo de experiencias locales en las cuales los actores sociales sean algo más que un elemento de acompañamiento, algo así como el decorado. Pero también limitan en cierta manera la capacidad de desarrollar experiencias de participación más sustantivas en los procesos de planificación local por parte de los gobiernos locales, tanto por la lógica técnica de instrumentos utilizados en los fondos (PIRDT, FNDR), como por que fuerzan que la conducción de la planificación local queda en manos de algunos expertos, quienes al final deciden cuales son las prioridades en función de la disponibilidad de los recursos. De ahí que la eficacia institucional estatal y su forma de priorizar en función de costo-beneficio, por lo general estén orientadas más que nada a generar condiciones de estabilidad y de gobernabilidad, que a generar desarrollo local sustentable basándose en la participación de la gente en la toma de decisiones.
[i] Salazar, Gabriel. Historia contemporánea de Chile. Volumen I “Estado, legitimidad y ciudadanía”. Ediciones LOM. 1999. Página 18.
[ii] Salazar, Gabriel. De la participación ciudadana: Capital Social Constante y Capital Social Variable (explorando senderos trans –liberales. Revista Proposiciones 28, septiembre 1998. Ediciones Sur. www.sitiosur.cl
[iii] Salazar, Gabriel. Historia contemporánea de Chile. Volumen I “Estado, legitimidad y ciudadanía”. Ediciones LOM. 1999. Página 15.
[iv] Salazar, Gabriel. Historia contemporánea de Chile. Volumen I “Estado, legitimidad y ciudadanía”. Ediciones LOM. 1999. Página 15.